PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS

Derecho Civil 

Es la rama del derecho que regula las relaciones, derechos y obligaciones de las personas.                                                    

Código Civil Y Comercial de la Nación:

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Personas Humanas

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Comienzo de la existencia

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Con relación a las personas humanas, nuestro Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) establece en su artículo 19 que:

        “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, pudiendo entonces adquirir derechos o contraer obligaciones. Estos “derechos y obligaciones del concebido o implantado en mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida”. Pero si no nace con vida “se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume” (art. 21).

Duración del embarazo. Época de la concepción

Siendo la concepción un hecho biológico imposible de determinar con precisión, la ley establece un periodo presuntivo durante el cual esta se produce. Dicho lapso comprende los 120 días de los 300 anteriores al nacimiento, siendo esta presunción “iuris tantum”, es decir que admite prueba en contario. Dispone así el (art.20) que “Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se  presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo de embarazo es de trescientos días y el mínimo de  ciento ochenta, excluyendo el día del nacimiento”.  Esta cuestión adquiere relevancia en los siguientes casos: * Permite establecer si un hijo es o no matrimonial,

• En caso de que la viuda se case antes de los diez meses del fallecimiento del marido anterior, para saber a quién pertenecen los hijos, 

• También depende de este momento la adquisición de derechos por herencia puesto que si la sucesión se hubiera abierto antes de aquel momento, la persona no podía adquirir ningún derecho. 

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Fin de su existencia

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El fin de la existencia de las personas humanas se produce por la muerte de ellas (art.93). Asimismo, para que se produzcan los efectos inherentes a la muerte de una persona humana (disolución del vínculo matrimonial, transmisión de derechos, etc.), es necesario que la muerte sea comprobada por los medios previstos en el Código: “La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver (art.94.), siendo la prueba más importante la partida o certificado de defunción expedida por el Registro Civil (art.96).

En el caso de muerte simultanea o conmoriencia el (art.95) establece que “Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario”.

Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad

El nacimiento y la muerte ocurridos en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Registro Civil (art.96).

Si el nacimiento o la muerte ocurriesen en el extranjero, se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, y a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República. En estos casos los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos argentinos. Si no hay registro público o falta o es nulo el asiento, el nacimiento  y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba (art.98 1ra parte).

En cuanto a la determinación de la edad de las personas, si no es posible establecerla por los medios indicados, se la debe determinar judicialmente previo dictamen de peritos (art.99). Ausencia simple (arts. 79 a 84)

Cuando una persona ha desparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La misma regla se aplica si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato.

Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario, si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya actuado primero (prevenido).

Pueden pedir la declaración de ausencia y la designación de curador, el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legitimo respecto de los bienes del ausente.

El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al ausente. E Ministerio Publico es parte necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan.

Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para esta designación, el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger, según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta para ello la idoneidad moral y económica.

El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado  por el juez, la autorización debe ser otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostergable. Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.

Termina la curatela de los ausentes declarados: 

1. Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado,

2. Por la muerte del mismo

3. Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.

 

Presunción de fallecimiento (arts. 85 a 92)

Cuando una persona se ausenta de su domicilio o residencia, sin que se tengan noticias de ella durante un tiempo determinado, haya o no dejado apoderado, la ley “presume” su fallecimiento, procediéndose a la declaración judicial respectiva y a la fijación del día presuntivo de la muerte, previo cumplimiento de determinado pasos legales. El término de la ausencia de la persona necesario para la presunción es de 3 años, contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente. Dicho término se reducirá a 2 años si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante capaz de originar la muerte, o participo de una actividad que implique el mismo riesgo. El plazo se reduce a 6 meses si se hubiera encontrado en un buque o aeronave naufragados o perdidos, a contar desde que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

Pueden pedir la declaración de muerte presunta y la designación de un curador para sus bienes, cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate (cónyuge, presuntos herederos, el beneficiario de un seguro de vida, etc.), justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. Resulta competente el juez del domicilio del ausente, o en caso en que no fuese conocido, el juez del lugar en que existieren bienes del mismo.

El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial, y citar a aquel por edictos una vez por mes durante seis meses. También debe designar un cuidador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquel no desempeña correctamente el mandato. La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas  para conocer la existencia del ausente.

Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar  el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia en el Registro Civil. Se fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer año y medio en el primer caso, y en los otros casos, el día del suceso (y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido), o el día de la última noticia del buque o aeronave perdidos, respectivamente. Cuando fuere posible, la sentencia determinara también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tiene por sucedido  la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento. Los herederos y lo legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso, puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

Transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescita pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes. Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución  de aquellos a petición del interesado.

La prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes. Si el ausente reapareciere podrá reclamar:

1. la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran,

2. los bienes adquiridos con el valor de los que faltan,

3. el precio adeudado de los bienes enajenados,

4. los frutos no consumidos.

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Atributos de la personalidad

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Desde el nacimiento con vida, las personas poseen una serie de atributos jurídicos que son inseparables a ella. En las personas físicas dichos atributos son: el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio y el patrimonio.
 

     A) Nombre (Art 62-72): es el modo más antiguo de designación e identificación de una persona dentro de la sociedad en que vive. Es el atributo de la persona que sirve para designarla o individualizarla dentro de la sociedad, y se compone de dos elementos: el “apellido” que también es denominado nombre de familia; y el “prenombre”, nombre propiamente dicho, también llamado nombre de pila.

Régimen previo a la reforma: El Código Civil anterior se caracterizó por la falta de normas sobre el nombre, pues Vélez Sarsfield omitió legislar sobre dicha materia. Frente a la omisión del código, la costumbre se fue encargando de crear algunas reglas, por ejemplo, con relación a qué nombres se podían poner a las personas. Asimismo, lo relativo a la organización y registro de los nombres y nacimientos fue tarea a cargo de las parroquias. Las reglas establecidas por las costumbres, fueron tomadas parcialmente por distintas normas hasta llegar al 10 de junio de 1969 en que se dictó el Dec. Ley 18.248, cuyas disposiciones reglamentaron todo lo relacionado con el nombre y apellido de las personas.

Régimen legal vigente: El Código regula el nombre, actualizando el Dec. Ley 18.248, para ajustar la regulación a principios constitucionales que priorizan el derecho a la identidad, a la autonomía de la voluntad y a la igualdad. 

En concreto, se elimina la prohibición de aplicar prenombres extranjeros entendiéndose que, en definitiva, la elección del prenombre corresponde a los padres en cuya decisión la injerencia del Estado debe ser la menor posible.

 Se ha establecido de manera expresa la posibilidad de poner nombres indígenas, en consonancia con el respeto por las minorías y la creencia en el carácter pedagógico de la ley. 

Se introducen modificaciones sustanciales en el apellido de las personas casadas permitiendo a cualquiera de los dos tomar el apellido del otro, acompañado o no de la preposición “de”. Con apoyo en los principios mencionados, se recepta el llamado “apellido de familia” con la limitación de que todos los hijos deben llevar el mismo apellido; ante la falta de una única solución en el derecho comparado y las críticas que cada una de ellas ha merecido, se ha optado por el azar cuando los progenitores no se ponen de acuerdo, por ser ésta la solución que mejor respeta el principio de igualdad. También se flexibilizan las normas sobre modificación, dando importancia a la identidad en su faz dinámica, por lo que se amplían las posibilidades temporales y de legitimación.

Según el art. 62 del Código “La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden”. 

En cuanto a la elección del nombre, se establecen las siguientes reglas: 

1. corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 

1. no pueden inscribirse más de tres prenombres, ni apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes; 

2. pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.

El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos. 

El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica la solución del párrafo precedente. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

La persona menor de edad sin filiación determinada, es decir, los casos de hijos no reconocidos por ninguno de sus padres, debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando.

En cuanto a los cónyuges, cualquiera de ellos puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, no puede usar o seguir usando el apellido del cónyuge, salvo que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo. 

A su vez, el cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni forme una unión convivencial.

Respecto de los hijos adoptivos, las reglas del nombre dependerán del tipo de adopción.

En la adopción plena, rigen las siguientes reglas: 

1. si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que éste sea mantenido; 

2. si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al apellido de los hijos matrimoniales; 

3. excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a petición de parte interesada, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante o al de uno de ellos si la adopción es conjunta; 

4. en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, el juez debe valorar especialmente su opinión (art. 626). La adopción simple, a falta de petición expresa, se rige por las mismas reglas de la adopción plena, pero el adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, o los adoptantes, pueden solicitar se mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de ellos (art. 627 inc. d). En la adopción de integración, el adoptado mantiene el apellido de origen, pues en esta adopción siempre se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante (art. 630).

Uno de los caracteres del prenombre y del apellido es su inmutabilidad. Una vez inscripto ya no puede cambiarse. Pero el principio de inmutabilidad no es absoluto y en ciertos casos excepcionales puede admitirse el cambio, modificación o supresión del nombre de una persona. La regla es que existan justos motivos para ello y, en ciertos casos, además, autorización judicial. Los casos donde se requiere la convergencia de justos motivos y autorización judicial son, entre otros, los referidos a:

1. el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;

2. la raigambre cultural, étnica o religiosa; 

3. la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad (art. 69).

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En este video se desarrollan cuestiones generales sobre el nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Domicilio (Art 73-78): Es el asiento jurídico de la persona como centro de imputación para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

• Domicilio Real: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. 

Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde desempeña para cumplimiento de las obligaciones.

• Domicilio Legal: Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

  1. Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas, o de simple comisión.

  2. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando.

  3. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual.

  4. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

• Domicilio Especial: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que allí se dirijan.

• Domicilio Ignorado: La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si éste también se ignora en el último domicilio conocido.
   

Cambio de domicilio: 

El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.

Efecto:

El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas.

En este video se caracterizan los distintos tipos de domicilios https://youtu.be/L7r-7A4PJiI

1. Estado Civil: Es la situación en que se encuentra un individuo en relación con su grupo familiar, por ejemplo estar casado, soltero, divorciado, viudo, ser padre, hijo, esposo. La prueba del estado se realiza mediante actas que se registran en libros especiales y que se las denomina partidas. Estas contienen todos los datos personales de los interesados, testigos y firma del oficial público. A Las Personas Jurídicas carecen de este atributo, ya que no se pueden casar, tener hijos como las personas físicas.

2. Patrimonio: Es el conjunto de bienes y obligaciones que tienen o no un valor en dinero y que pertenece a una persona. Ejemplo de aquellos bienes que tienen un valor económico, puede ser un vehículo o un inmueble; aquellos que no tienen un valor económico, puede ser una foto familiar.

3. Capacidad: Es la aptitud que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer por si misma esos derechos o cumplir sus obligaciones.

   • Capacidad de Derecho: es la que lo habilita a ser titular de un derecho u obligación.

   • Capacidad de Hecho o Ejercicio: es la actitud para ejercer por sí mismo esos derechos o cumplir sus obligaciones.

 Esa capacidad puede estar restringida por razones legales o de hecho. Son las llamadas Incapacidades de Derecho y de Hecho:

• Incapaces de Derecho:   Surgen de las prohibiciones establecidas por leyes, por ejemplo la prohibición de contraer matrimonio entre hermanos; estas incapacidades no pueden ser salvadas bajo ningún concepto y siempre son relativas porque no hay incapacidad absoluta de derecho; nadie puede ser privado de todos sus derechos. 

• Incapaces de Hecho o ejercicio, la persona no puede por sí mismo ejercer un derecho, por ejemplo los menores de edad que no pueden por sí vender una propiedad heredada, pero si es posible subsanar la incapacidad de venta por medio de un tutor u otra persona autorizada.

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Personas Jurídicas

El art 141 dispone: 

“Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación”.

Elementos característicos:

• La persona jurídica es un ente, un ser, algo que tiene existencia no humana

• Tiene aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones Clasificación:

Las personas jurídicas son públicas o privadas (art.145).

 Las Personas Jurídicas Públicas tienen existencia a partir de la fecha de su constitución (Estado Nacional, Estado Provincial, Municipios, la Iglesia Católica y las Entidades Autárquicas como las Universidades).  

 Las Personas Jurídicas Privadas, desde la fecha que fueron aprobadas por la autoridad pública (asociaciones, fundaciones, sociedades en general).

 La Persona Jurídica se extingue por: 

 Disolución dispuesta por sus integrantes o por ley,

 Por extinción de los bienes,

 El agotamiento del objetivo para la cual fue constituida,  La finalización del plazo cuando hubiere sido fijado.

En el art. 163 del Código Civil y Comercial se establecen otras causales de disolución de las personas jurídicas que necesitan autorización estatal para funcionar.

Atributos

Las personas jurídicas poseen similares atributos que las personas humanas (nombre, capacidad, domicilio y patrimonio), con excepción del estado civil que es privativo de estas. Las Personas Jurídicas carecen de este atributo, ya que no se pueden casar, tener hijos como las personas físicas.

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Hechos y Actos Jurídicos 

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Actividad 1

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Persona Humana Responder:

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1-¿Cuando comienza la existencia de las personas humanas?

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 2- Verdadero o Falso. Justifique “Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente si nace con vida” 

 

3-¿Cómo se comprueba la muerte?

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 4-¿Quién administra los bienes mientras las personas están desaparecidas?

 

5-¿Cuándo los herederos podrán disponer de los bienes de los desaparecidos?

 

6-¿Cuando finaliza la existencia de las personas humanas? 

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7-¿En qué consiste la ausencia con presunción de fallecimiento? 

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8-¿Cual es la diferencia entre la ausencia ordinaria y la extraordinaria?

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9- ¿Qué es el nombre y para qué sirve?

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10-¿A quién corresponde la elección del nombre? 

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11-¿Se puede inscribir un nombre aborigen? 

 

12-¿Un cónyuge puede agregarse el apellido del otro?

 

13- Realizar un mapa conceptual, donde pueda visualizarse el contenido DOMICILIO.

 

Actividad 2

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Persona Jurídica

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1-Define persona Jurídica

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2-¿Cómo clasifica el código a las personas jurídicas?

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3-¿Cuándo comienza la existencia de la persona jurídica?

 

4-¿Cuáles son las causas de extinción de las personas jurídicas?

 

Actividad 3

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Hechos y Actos Jurídicos

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1. Define Hecho jurídico
    

2. Define Acto jurídico
    

3. Explica con tus palabras los siguientes conceptos:

   • Sujeto

   • Objeto

   • Forma